Por: María Alejandra Jiménez
El auge de la industria cinematográfica en Latinoamérica y particularmente en Colombia en años recientes ha dado paso no solo al redescubrimiento de locaciones y paisajes llamativos en los territorios, al talento de artistas en producciones nacionales, y al potencial de explotación de la industria, sino además a un nuevo aprendizaje de la importancia de conocer y seguir los lineamientos legales que regulan esta actividad. La revisión, trámite y obtención de permisos y licencias se define como Clearance, un anglicismo que refleja la posibilidad de hacer algo sin obstáculos.
Ahora bien, la complejidad de la producción cinematográfica se deriva de su variedad: diferentes lugares, actores teatrales, de voz, extras, personajes incidentales que aparecen en escena durante la filmación en espacios públicos, música, marcas, símbolos de instituciones oficiales, entre muchos otros aspectos, que hacen parte de una enorme cantidad de pequeños detalles que han de ser considerados, antes, durante y después de la producción.
Por lo que en este punto se recomienda expresamente que la asesoría legal se aplique desde antes de la ejecución del proyecto, no solo con el fin de corroborar que todos los elementos de la producción se encuentren debidamente autorizados para su uso, sino principalmente para evitar que se incurra en gastos y pesadillas logísticas de repetición de filmación, o edición.
Así, durante la asesoría del Clearance en la preproducción, se revisa el contenido del guion en busca de referencias a marcas, eslóganes, instituciones, u otras obras, en busca de elementos problemáticos cuyos derechos de autor deben ser verificados, tramitados, o limitados, según sea el caso. Lo anterior, también aplica a locaciones (Decreto 1080 de 2015 para áreas de promoción del territorio nacional), personas, música, y cualquier otro elemento que haga parte de la producción. Aplicar la asesoría antes de iniciar no solo evitará costos y problemas legales en el futuro, sino que, además, ahorrará tiempo y trabajo durante las etapas posteriores.
Cabe resaltar que esta labor no solo debe realizarse desde el enfoque legal; sino administrativo y de negocios, particularmente en lo relativo a personas naturales y PyMES, cuya exposición puede ser negociada en forma favorable para las partes.
Seguidamente, durante la producción es necesario controlar que el cumplimiento de todos los requisitos jurídicos pertinentes se lleve a cabo: la asesoría legal continua es indispensable en la medida en que, acciones incidentales derivadas de vicisitudes logísticas pueden resultar en el incumplimiento de parámetros legales prestablecidos.
Los cuales, en un escenario optimista, generaría que, se tuviesen que volver a tramitar, renegociar, o adquirir las licencias o permisos faltantes pero, en el peor de los casos, si el incumplimiento recae sobre la locación, la música, o cualquiera de los elementos involucrados en el proyecto, bien sea porque no se encuentran debidamente autorizados o porque hubo una omisión en proceso, el producto terminado puede llegar a ser imposible de comercializar.
Así las cosas, es necesario obtener asesoría permanente acerca de los elementos que se encuentran sujetos a la obtención de autorizaciones y licencias en el marco de la producción audiovisual.
Un error común es la adopción de normas o principios de uso de material audiovisual con base en normas que no aplican en el sistema colombiano, como por ejemplo, una escena en la que aparece una pintura en una pared, o hay una película o serie siendo vista en un televisor, o si se distingue una marca en las bebidas de los actores (producto placement), etc., regirse por principios de Fair Use, que hacen parte de la normativa norteamericana y cuya flexibilidad de exposición es relativamente mayor a la que se encuentra en el territorio nacional, o de Fair Dealing, que rige en los sistemas británico y canadiense, produce resultados distintos a los que tendría si se aplicara la norma nacional. Esto es, Ley 23 de 1982, por medio de la cual se fijan excepciones y limitaciones al uso de fragmentos de películas y fotografías en la producción, con el fin de evitar el incumplimiento de lo estipulado para la protección de derechos de autor de otras obras, y la Ley 1915 de 2019 que modificó algunas de las disposiciones contenidas en la precitada Ley y por la cual se incluyeron nuevas excepciones y limitaciones al derecho de autor.
De este modo, se hace evidente que la producción audiovisual es una actividad que requiere de asesoría legal permanente, y la obtención de Clearance es parte fundamental de las etapas productivas, de manera que la elaboración de contratos, autorizaciones, acuerdos, o convenios a que haya lugar, debe realizarse simultáneamente con el fin de evitar incumplimiento de derechos de autor y propiedad industrial.
