En el año 2023, el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, marcando un hito significativo al introducir cambios sustanciales en la normativa concerniente a la protección de los derechos de autor. Dentro de las modificaciones contempladas, se encuentra el artículo 169 del Plan Nacional, el cual modifica directamente el artículo 206 de la Ley 23 de 1982, la legislación base para la regulación de los derechos de autor en el Colombia.
El artículo 169 del Plan Nacional de Desarrollo establece una transformación significativa al introducir la imposición de una tasa que busca la recuperación de los costos asociados a los servicios prestados por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). Entre los eventos que generan esta tasa se encuentran: (i) los documentos relacionados al registro de obras, específicamente la expedición de registros, certificados, inscripciones, modificaciones y/o cancelaciones de registros; (ii) la emisión de paz y salvos; (iii) la inscripción de dignatarios y el control de legalidad de reformas estatutarias y de presupuesto; y (iv) el otorgamiento de personería jurídica y la autorización de funcionamiento.
Este cambio ha dado lugar a un debate relevante, donde algunos argumentan que la norma carece de información detallada sobre la determinación de los costos asociados. Además, se plantea la cuestión de si el Gobierno debería definir los requisitos para establecer los costos de la base gravable, o si estos aspectos deberían ser claramente especificados en la Ley estatutaria. Incluso, la senadora Paola Holguín interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2294 de 2023, la cual promulga el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Su argumento se basa en la percepción de que se incumplieron las normas constitucionales y legales que rigen el proceso legislativo en vigor en el momento en que se presentó para su aprobación en el Congreso de la República.
Sin embargo, la controversia refleja un debate esencial sobre la necesidad de equilibrar la protección de los derechos de autor con la gestión eficiente de los servicios relacionados y de la oficina nacional competente, planteando interrogantes fundamentales sobre la transparencia en la determinación de costos y la participación del Gobierno en este proceso. El desenlace de este debate tendrá repercusiones significativas en la forma en que se gestionan y financian los servicios de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el país, pues este solamente ha servido para resaltar el déficit financiero de las actividades realizadas por la Dirección, indicando que sería apropiado establecer tarifas y aplicar cobros por los diversos servicios ofrecidos por la DNDA, aun cuando esto pueda afectar a los autores que deseen registrar, con efectos declarativos, sus obras.
Escrito por Daniela Rebellón
